Capital Federal

El vice de Evo pidió retrasar en dos o tres años el compromiso de enviar 20 millones de metros adicionales de gas, previstos para 2010. El gasoducto que lo transportaría se había anunciado ayer. Más temprano, Cristina había rechazado los pronósticos de crisis energética.

Alvaro García Linera reconoció ayer expresamente que la carencia de gas boliviano en superficie obligará a renegociar el contrato de provisión a la Argentina, demorando un año y medio la meta máxima de enviar un total de 27 millones de metros cúbicos por día. El sinceramiento del vicepresidente boliviano tuvo lugar el mismo día en que el gobierno argentino anunció la licitación de la obra de ingeniería para construir el gasoducto del Nordeste, imprescindible para importar ese fluido. Este tendido podría estar listo en 2010, antes de que el país gobernado por Evo Morales tenga la cantidad suficiente del carburante para llenar esos caños. El eventual desfasaje generaría varios perjuicios para las arcas públicas locales. El menor, dejar ociosa esa inversión estatal, de casi 1600 millones de dólares, y mayor a la que se previó hace cuatro años para la denominada “iniciativa Techint”. Otro, incrementar el subsidio estatal para que se consuman más combustibles líquidos.

Todo ese esfuerzo tendría como propósito eludir la crisis energética que para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es sólo una interpretación errónea de la prensa, según subrayó ayer. El gas no sólo es imprescindible para el abastecimiento de los hogares y resulta un insumo vital para muchas industrias, sino que es también necesario para la generación eléctrica a través de usinas térmicas como las dos nuevas que se incorporarán este año al sistema, Belgrano y San Martín.

En un contexto de reservas locales decrecientes y demanda en aumento, el aporte boliviano fue hasta ahora la esperanza para suplir la carencia de ese combustible. Este se reemplaza, en parte, con otros carburantes como el fuel oil traído desde Venezuela, que la estatal Enarsa paga a valores de mercado, muy superiores a los de otros carburantes: esta vía implica indefectiblemente más costo fiscal.

Aquella ilusión argentina se funda en el acuerdo firmado con Bolivia en el año 2006, por el cual esta nación se comprometió a incrementar la exportación de gas en cantidades crecientes desde los 7,7 millones de metros cúbicos actuales a los 27 que debían llegar desde el 2010. Pero García Linera ayer pulverizó esa fantasía, reconociendo públicamente lo que para el sector hace rato que era un secreto a voces. “Hay que renegociar el traslado del cumplimiento total de abastecimiento a la Argentina del 2011, quizás al 2012 o a mediados del 2013”, sentenció el vice de Evo. Para el funcionario, recién a fin de año Bolivia podría aumentar su producción de 2 a 2,5 millones de metros cúbicos por día, a lo que podría añadir otros 4 o 5 millones el año próximo.

García Linera responsabilizó la renuencia inversora de las productoras privadas que operan en su territorio, descontentas con el nuevo marco legal impuesto tras la nacionalización. “Les dimos un golpe a las petroleras. Les dimos un garrotazo y ellas se resintieron, nos boicotearon en algunos casos, nos estorbaron en otros, no nos ayudaron y nos amenazaron”, se quejó.

Según cifras oficiales, el país vecino dispone de reservas gasíferas por 1,3 billón de metros cúbicos. Pero para extraer esa riqueza atesorada en el subsuelo es necesario hacer inversiones millonarias que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no estaría en condiciones de ejecutar –a pesar de que sus ingresos aumentaron considerablemente al subir las regalías que se cobran a las productoras–, amén de las deficiencias en el know how. En este cuadro, la voluntad de las firmas privadas es vital.

Cuando se firmó aquel acuerdo, el propio Morales reconoció que para cumplir el contrato con la Argentina era necesario invertir 800 millones de dólares en tres años. Algunos de esos desembolsos están previstos, pero se necesita tiempo para las obras. En otros casos, todavía no se concluyeron las negociaciones con las concesionarias privadas, pautas que cambiaron drásticamente desde la nacionalización de los hidrocarburos.

Entre otros replanteos rechazados por el capital privado, aquella norma subió las regalías tributadas por las empresas al 50 por ciento de su recaudación bruta. Las inversiones exploratorias corren por cuenta de los privados, que ya no podrán disponer libremente del recurso que extraiga. YPFB será quien los comercialice. En las ventas a la Argentina, en el último año y medio el valor de exportación subió de tres dólares el millón de BTU a siete, con miras de llegar a ocho en breve.

Casi la mitad del gas que llene el gasoducto del Nordeste llegaría desde el campo boliviano de Margarita, que Repsol opera junto a Pan American Energy y British Gas. Pero para honrar ese objetivo es necesario avanzar con el desarrollo de pozos operativos en el área. Algo similar a lo que ocurre con Itaú, de Petrobras y Total, o Ipati, que los franceses operan con Tecpetrol. En todos los casos, hay pendientes tanto perforaciones como acuerdos sobre las condiciones operativas.

Mientras estas cuestiones se resuelven, Argentina avanzó con uno de los puntos comprometidos en su acuerdo, como es el de proveer infraestructura necesaria para traer el gas que aspira a importar, ampliando la capacidad de transporte. Según la propuesta original de Techint, formulada hace poco más de tres años, el gasoducto costaría 1100 millones de dólares, a invertir por el holding, que así ganaba el derecho de ser operador y dueño del emprendimiento. Pero el esquema cambió.

Sumando los caños a la obra licitada ayer, el costo total hoy trepó a casi 1600 millones de dólares para una obra de propiedad estatal. Estos se cubrirán íntegramente con la caja de Enarsa, que también paga el gas traído desde Bolivia. Con una fórmula remozada, el Gasoducto Nordeste parece ser un hecho más firme que la disponibilidad de gas para llenarlo según las necesidades de Argentina.

Por Cledis CandelaresiInversiones extranjeras y mercados
En la década del noventa se agudizó el proceso de extranjerización, que continuó en los últimos años, con la particularidad de que firmas brasileñas y mexicanas asumieron una actuación destacada en la compra de empresas argentinas.

Sin política antimonopólica

Por Américo García *

A pesar de que la Argentina cuenta con una modernizada legislación antimonopólica, cuyos orígenes se remontan a 1923 y su última actualización a fines de 1999, prácticamente nunca existió una política eficiente que desde el Estado sirviera como mecanismo de contralor de las grandes concentraciones empresarias. La Ley 25.156, entre otras disposiciones, permite el control previo de fusiones y adquisiciones a partir de un monto de magnitud trascendente involucrado en la operación y crea el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, con características básicas que hacen de él un organismo con un alto grado de autonomía.

Desde la última modificación legislativa (1999) han pasado distintos gobiernos de diferentes extracciones políticas, pero ni el tribunal se constituyó, ni la ley ha sido un instrumento usado para el ejercicio de una firme política antimonopólica. Se continúa con un régimen de transición en la cual las resoluciones de la antigua Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no son vinculantes y las decisiones en definitiva son tomadas por el secretario del área, actualmente, el secretario de Comercio Interior.

La falta de aplicación plena de la legislación existente y del diseño de una verdadera política antimonopólica queda reflejada al analizar ciertos casos paradigmáticos de fusiones y adquisiciones que han sido aprobados por la Comisión, sin siquiera algún tipo de condicionamiento, como es frecuente en los países de mayor experiencia en el tema.

En la comercialización minorista se aprobó en el 2000 la adquisición por parte del grupo Carrefour de las cadenas Norte-Tía prácticamente sin ningún tipo de limitación. En 2003 se produjo la compra por parte del grupo chileno Paullmann (Jumbo) de la cadena Disco. La operación no ha sido formalmente aprobada por cuestiones que se han planteado en la Justicia, pero el grupo trabaja en la práctica como una sola empresa.

El resultado de estas operaciones no observadas es que dos grupos, Carrefour y Paullmann, concentran el 50 por ciento de las ventas de los supermercados y ese porcentaje es cuatro veces mayor al del tercer actor, la cadena nacional Coto.

En la producción y comercialización de cerveza se autorizó la fusión de las dos empresas de mayor participación en el mercado (Quilmes y Brahma) en un sector que ya presentaba altos niveles de concentración por operaciones anteriores (Quilmes-Bieckert). El propio dictamen de la Comisión admite el “aumento significativo en el nivel de concentración”, a pesar de lo cual solamente se estableció la obligación de vender tres marcas de menor participación en el mercado y una planta de elaboración (Luján) a un tercero entrante sin producción en la Argentina. Ello no alteró en demasía la situación de alta concentración resultante. Prueba de ello es que una sola empresa controla hoy más del 75 por ciento del mercado.

Un tercer ejemplo es la fusión de los dos más grandes operadores del mercado de la TV cable, Multicanal y Cablevisión. Esta operación involucró numerosas empresas de muy diversas actividades dentro de la industria de los medios de comunicación, implicando altas concentraciones de mercado tanto en forma horizontal como de naturaleza vertical, y además, se trata de un sector en el cual ha existido gran número de denuncias por prácticas anticompetitivas. Para el caso específico del mercado de la TV cable el resultado de la fusión es que una sola empresa controla hoy el 55 por ciento del mercado nacional. El servicio de TV cable es de carácter local y en algunas ciudades asume las características de un monopolio natural. Es significativa la alta concentración resultante en algunas localidades: Capital Federal 85 por ciento, San Isidro, Vicente López y La Plata 94 por ciento, Córdoba 85 por ciento, Santa Rosa 95 por ciento.

Es evidente que la aplicación de principios antimonopólicos como parte de una política económica necesita de convicción política por parte de la dirigencia nacional para hacer de la defensa de la competencia un instrumento clave. Pero también es cierto que la legislación actual presenta cláusulas que traban su aplicación plena.

* Director de Centro de Investigación de la Regulación y el Derecho

del Consumidor.

La presencia transnacional

Por Gustavo Burachik *

Suele decirse que las empresas transnacionales (ET) constituyen la columna vertebral de los flujos mundiales de comercio e inversión. Sería muy extraño que no ocuparan también un papel central en el interior de los sistemas económicos nacionales. El llamado “capital nacional” de los países de industrialización tardía mantiene con las ET de las naciones líderes una relación contradictoria. Depende de la tecnología y las marcas generadas por las ET y del financiamiento al que éstas tienen un acceso privilegiado. A la vez que compite con ellas, desde esta posición de dependencia e inferioridad, por la apropiación de los frutos del trabajo nacional.

La inversión directa en el exterior (adquisición de firmas locales existentes, construcción de nuevas empresas) constituye uno de los canales de expansión de las ET. El término extranjerización suele aludir al aumento del peso de las ET en la facturación y activos del conjunto de las grandes empresas del país. Como estas corrientes de inversión fluctúan en el tiempo, lo mismo ocurre con la intensidad de la extranjerización. Con todo, hay que distinguir lo cuantitativo de lo cualitativo; cambios en el grado de control extranjero sobre los activos nacionales no alteran la esencia del vínculo entre capital nacional y extranjero.

En los ’90 y hasta 2002 se observó un avance de la extranjerización entre las grandes empresas de nuestro país. Uno de sus principales impulsos fue el elevado endeudamiento externo de las firmas nacionales, cuya refinanciación se volvió cada vez más difícil a partir de 1997. El resultado fue la suspensión de inversiones, disminución de la producción, cesación de pagos, cesión de partes del capital a acreedores o a “socios estratégicos” (que muchas veces terminaron adquiriendo la totalidad de la empresa en dificultades), venta parcial o total de activos fijos, etc.

Respecto de la extranjerización desde la devaluación hay tres aspectos de interés:

1. Las nuevas inversiones de las ET se detuvieron y con ello la extranjerización de la propiedad tendió a estabilizarse. Más aún, las filiales ya instaladas tienden a girar al exterior la mayor parte de sus utilidades. Hubo, incluso, algunos casos de desinversión en sectores muy afectados por la crisis y la pesificación como el financiero y el de servicios privatizados. Sin embargo, también puede decirse que la extranjerización siguió en aumento ya que, tras la devaluación, se incrementó el peso del capital extranjero en la captación de los beneficios apropiados por el conjunto de las grandes empresas.

2. Como consecuencia, se verificó una cierta “renacionalización” de la propiedad, de modestas dimensiones, en algunos de los negocios que las ET decidieron abandonar. La esencia de estas experiencias reside en la desvalorización de los activos por la crisis y el elevado endeudamiento de las compañías transferidas. Los “inversores” locales ingresan aportando montos reducidos de capital fresco y con la mira puesta en una futura reventa. Aunque ningún empresario lo admitirá públicamente, es una apuesta a la revalorización de los activos adquiridos, resultante del propio rebote y posterior recomposición de la situación económica general y, en el caso de las empresas privatizadas, de la recuperación del valor real de las tarifas.

3. Varias empresas grandes se vendieron a capitalistas de otros países de América latina. Este fenómeno es conceptualmente distinto de la “extranjerización” liderada por las ET de los países desarrollados. Los inversores latinoamericanos tienen apenas y en el mejor de los casos una proyección regional y compiten con las ET también desde una posición de inferioridad. Resulta apresurado interpretar estas inversiones como expresión de pujanza competitiva; al menos una parte corresponde a un mero arbitraje inducido por el desfase financiero (boom de crédito externo en México y Brasil y sequedad en Argentina) y cambiario (las firmas locales están baratas en dólares y las mexicanas y brasileñas están caras) que existe actualmente entre Argentina y el resto de la región. Habrá que ver cuántas de estas decisiones sobreviven a un eventual agravamiento de la crisis internacional y cuántas se revierten, tal como ocurrió con varias inversiones directas argentinas en Brasil a fines de los ’90.

* Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur.